Los procesos de transición van más allá de un cambio de protagonistas en la conducción de gobierno. Requieren también nuevas reglas institucionales que regulen el funcionamiento del Estado y la relación entre éste y sus ciudadanos, traducida en su capacidad para responder a las expectativas de los distintos grupos de la sociedad.

Para la sustentabilidad de un proceso de transición democrática resulta esencial fortalecer la capacidad que todas las instancias del Estado deben tener para procesar las demandas ciudadanas. Éstas serán mayores en la medida que una democracia se fortalece y la gente se hace más consciente de sus derechos.

Capacidad estatal significa el nivel de competencia que los agentes estatales tienen para intervenir y decidir la distribución de recursos, la ejecución de políticas, definir los canales de interacción y el tipo de relación entre ciudadanos y Estado.

La consolidación de proceso de transición democrática en Venezuela implica esfuerzos que van mucho más allá de las tareas propias de un simple cambio de gobierno. El momento exige un esfuerzo planificado y ejecutado de todos los sectores del país que apunte hacia el objetivo de consolidar un proceso de transición, que se oriente a superar la emergencia y crear condiciones para el desarrollo político, económico y social del país.

De allí la importancia de iniciativas como este Congreso Internacional “Propuestas para el Plan País, transición hacia una nueva Venezuela”. Una Comisión Especial de la Asamblea Nacional ha estado trabajando en el Plan País. Muchos expertos que han hecho recomendaciones y aportes en distintos temas provienen de instituciones de investigación, universidades y organizaciones civiles.

Este Congreso tiene el valor de que hace un inventario –no exhaustivo, pero abierto y transparente- de las propuestas de políticas públicas que se han generado desde diferentes ámbitos, en especial desde el académico, y las integra en un marco metodológico coordinado con la Asamblea Nacional.

Las universidades UCAB, UCV, USB, UNIMET, Monteávila y organizaciones civiles se han sumado en este sentido a hacer propuestas y recomendaciones al Plan País. De esta manera se amplía la base de consulta y participación, con la perspectiva creciente de que tener incidencia en políticas públicas que se orienten a la recuperación y el fortalecimiento de la democracia en Venezuela, a la reinstitucionalización y reconstrucción del Estado.

Esta iniciativa representa una oportunidad para promover el rol que las universidades y otras instituciones sociales tienen en el proceso de cambio que requiere el país.